La Ley 20.393, introducida en Chile en 2009 y posteriormente actualizada por la Ley 21.595, impone responsabilidad penal a las empresas por la comisión de delitos, extendiendo su aplicación a una lista ampliada de más de 200 delitos y eliminando la necesidad de que estos actos delictivos beneficien directamente a la empresa para que se asigne responsabilidad. Estas modificaciones, serán efectivas a contar de septiembre de 2024, apuntan a fortalecer la prevención de delitos dentro del ámbito corporativo, promoviendo la implementación de estrategias proactivas de prevención.
Para alinearse con estos requisitos legales, se promueve el desarrollo e implementación de un Modelo de Prevención de Delitos (MPD), una herramienta compuesta por políticas y procedimientos destinados a minimizar el riesgo de que se cometan delitos en el marco de la actividad empresarial. Este modelo debe adaptarse a la naturaleza y tamaño de cada empresa, e incluir acciones como la asignación de responsabilidades, la implementación de controles internos, la capacitación de empleados, y un seguimiento continuo para garantizar su efectividad. Las empresas que no adopten un MPD adecuado se exponen a severas sanciones en caso de comisión de delitos, que pueden ir desde multas económicas hasta la pérdida de la personalidad juridica. La adopción de estas medidas no solo cumple con la legislación vigente, sino que también establece un marco de integridad y responsabilidad corporativa.
